Salud en tres actos: crisis en Colombia, récord en EE.UU. y solidaridad en Canadá
Mientras una EPS colombiana podría liquidarse y afectar a 1,6 millones, Estados Unidos invierte cifras históricas en veteranos y una isla canadiense recauda fondos para un escáner.

La posibilidad de que Emssanar EPS sea liquidada antes del 31 de mayo ha encendido todas las alarmas en el sistema sanitario colombiano. El sindicato de trabajadores de la entidad envió una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud y al superintendente Daniel Quintero advirtiendo que la desaparición de la aseguradora “sería devastadora” para más de 1,6 millones de afiliados y 1.585 empleos directos. La misiva refleja el delicado equilibrio de las entidades promotoras de salud intervenidas, cuya crisis se ha agravado con la decisión del propio Quintero de pedir la renuncia a todos los interventores nombrados por sus antecesores, lo que desató un agrio enfrentamiento en redes sociales y profundizó la incertidumbre regulatoria.
En ese mismo escenario, la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) comunicó un incremento presupuestal de $4,2 billones —hasta alcanzar los $114,8 billones— autorizado por el Consejo Superior de Política Fiscal. Aunque el Gobierno colombiano presenta este refuerzo como un alivio para la financiación del sector, desde diversos centros de análisis en Bogotá se subraya que la inyección no resuelve los problemas estructurales de gobernanza ni la tensión entre el Ejecutivo y los agentes privados que administran los recursos.
En contraste, América del Norte ofrece dos modelos muy distintos de afrontar las necesidades de infraestructura sanitaria. El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos anunció lo que califica de inversión “histórica”: $596 millones aprobados en el segundo trimestre del año fiscal 2026, como parte de un plan plurianual de modernización de $4.800 millones, el mayor de su historia. Los fondos se destinan a reparaciones estructurales, reemplazo de sistemas y mejoras de equipamiento en centros médicos de todo el país, una apuesta estatal que contrasta con las estrecheces presupuestarias que viven otros sistemas de salud.
En Canadá, la Fundación del Hospital del Condado de Prince, en la Isla del Príncipe Eduardo, lanzó su campaña anual Vital Signs con la meta más ambiciosa hasta la fecha: $3,2 millones para adquirir un nuevo tomógrafo computarizado. El actual escáner, instalado en 2016, atendió 5.794 pacientes en su primer año, cifra que se ha más que duplicado en 2025, lo que explica la urgencia de su reemplazo, estimado en $975.000. Se trata de un ejemplo nítido de cómo comunidades pequeñas suplen con solidaridad local las limitaciones de la inversión pública centralizada.
Observadores en Bruselas apuntan que la yuxtaposición de estas tres realidades —la crisis de gobernanza en un país latinoamericano, la planificación federal de una potencia y el microfinanciamiento comunitario en una economía avanzada— revela la fragmentación global en la forma de garantizar el acceso a tecnologías diagnósticas. Mientras la Adres colombiana lidia con la desconfianza institucional y el VA estadounidense ejecuta presupuestos récord, la experiencia de Summerside recuerda que la salud, en última instancia, se materializa en equipos concretos que salvan vidas día a día.
Cómo se cuenta la misma historia en otros lugares.
The Atlantic press highlights positive developments in health financing: a Canadian hospital foundation launches an ambitious $3.2 million campaign for a new CT scanner, and the US VA announces a historic $596 million investment in veterans' healthcare infrastructure. Both stories frame these as proactive, locally-driven or federal efforts to modernize equipment and facilities, projecting confidence in the system's ability to invest in its future.
The Latin American press focuses on the crisis in Colombia's health financing: the potential liquidation of EPS Emssanar is portrayed as devastating for the most vulnerable, sparking alarm among workers and users. Coverage also highlights political infighting over the management of intervened EPS, while a budget increase of 4.2 trillion pesos for the health system is met with skepticism about whether it will resolve deep structural problems. The overall tone is critical and urgent, framing the situation as a system under threat.
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