La Duma autoriza el uso del Ejército en el extranjero para proteger a rusos y multiplica las causales de expulsión de extranjeros

La Duma rusa aprobó este 13 de mayo, en segunda y tercera lectura, una ley que permite al presidente Vladímir Putin emplear las Fuerzas Armadas en el exterior para defender a ciudadanos rusos detenidos, retenidos o sometidos a persecución penal por parte de tribunales extranjeros o internacionales en los que Rusia no participa. La iniciativa, respaldada por 381 diputados sin un solo voto en contra, añade una herramienta de proyección de fuerza a un marco presidencial que ya contemplaba medidas de protección consular y militar. Desde Moscú, juristas consultados por medios independientes calificaron la norma como “decorativa” pero con un innegable filo amenazante, en tanto la prensa opositora la bautizó como “ley de invasión a La Haya” por su potencial aplicación frente a la Corte Penal Internacional, que en 2023 emitió una orden de arresto contra el propio Putin.

Ese mismo día, la cámara baja avanzó en primera lectura una serie de proyectos que endurecen el control sobre los extranjeros que residen en territorio ruso. Una de las iniciativas anulará los permisos de residencia temporal y permanente a quienes tengan cualquier tipo de condena penal, incluso por delitos menores cometidos dentro o fuera del país. De forma paralela, se tramitó una reforma del Código de Infracciones Administrativas que incorpora 58 nuevas causales de expulsión, entre ellas participar en protestas no autorizadas, la llamada “desacreditación” de las fuerzas armadas, los llamamientos a sancionar a Rusia o el gamberrismo leve. Quien incurra en estas conductas, hasta ahora castigadas con multas o arrestos, podrá ser deportado de manera sumaria.

La coincidencia de ambas agendas legislativas dibuja una estrategia de doble vía: hacia fuera, el Estado se arroga la capacidad de ejercer coerción militar para sustraer a sus nacionales de órdenes judiciales que considera ilegítimas, una prerrogativa que, según analistas en Bruselas, contradice principios básicos del derecho internacional y que podría extenderse a la protección de la flota fantasma que transporta petróleo sancionado. Hacia dentro, se estrecha el cerco sobre las comunidades migrantes, silenciando cualquier atisbo de disidencia mediante la amenaza de expulsión. En América Latina, el debate fue recogido por medios como Aristegui Noticias, que subrayaron que la norma no implica un uso automático del Ejército, pero alertaron sobre el precedente que sienta para los más de diez millones de rusos que viven fuera de sus fronteras.

El conjunto de medidas revela un Kremlin determinado a blindar la soberanía judicial de sus ciudadanos mediante la fuerza militar, al tiempo que depura de su territorio a quienes considera indeseables. Lejos de ser gestos puramente simbólicos, los analistas consultados coinciden en que estas normas serán aplicadas de forma selectiva como instrumentos de presión política y disuasión, y que su mera existencia altera los cálculos de gobiernos y tribunales extranjeros que pretendan juzgar a rusos bajo jurisdicciones no reconocidas por Moscú. La sincronización de estos movimientos legislativos apunta a un cierre autoritario del espacio transnacional, tanto en la defensa de sus propios nacionales como en la exclusión de los ajenos.