La Duma rusa elige a Yana Lantratova como nueva defensora del pueblo en medio de señalamientos por traslado de niños ucranianos

El Parlamento ruso designó este jueves a la diputada Yana Lantratova como nueva comisionada para los derechos humanos, cargo que ocupará tras el fin del mandato de Tatiana Moskalkova, la primera ombudsman surgida de las estructuras de seguridad del Estado. Con 301 votos a favor, apenas cuatro en contra y dos abstenciones, la candidata del partido Rusia Justa —la misma formación que impulsó a su predecesora— fue ungida casi por unanimidad, un trámite que refleja la verticalidad del poder en Moscú. Moskalkova, general de policía en la reserva y rostro visible de los intercambios de prisioneros con Kiev, se despidió entre aplausos y confesó su deseo de regresar a la Duma, aunque aclaró que todavía necesita tiempo para decidir.

La trayectoria de Lantratova, de 37 años, está salpicada de episodios que la alejan del perfil clásico de un defensor de garantías fundamentales. Dio sus primeros pasos en la política como integrante de la Guardia Joven de Rusia Unida y colaboradora del ultraconservador Vitali Milónov, para luego saltar a la Administración presidencial. Desde los medios independientes se recuerda que logró que el Ministerio de Educación retirara del programa escolar el relato «El prisionero del Cáucaso» de Vladímir Makanin por considerarlo inapropiado, promovió la prohibición de videojuegos con «propaganda LGBT» y abogó por crear un registro de «politemigrantes». Pero la sombra más alargada la proyectan las acusaciones de Kiev: habría participado en el traslado forzoso de menores desde la ocupada Jersón, una práctica que la Corte Penal Internacional investiga como crimen de guerra.

El nombramiento no fue fruto del azar. Según investigaciones periodísticas, la candidatura de Lantratova fue apadrinada por el cineasta Nikita Mijalkov y por Andréi Yarin, jefe de la dirección de política interna del Kremlin, próxima a los círculos de fuerza. Este respaldo evidencia la intención de colocar al frente de la institución a una figura de probada lealtad, en un momento en que el discurso de los derechos humanos se ha subordinado por completo a la narrativa de la «operación militar especial». Observadores en Bruselas y en capitales latinoamericanas señalan que, pese a la cordialidad formal, la llegada de Lantratova dificultará aún más los canjes de prisioneros con Ucrania, dado el señalamiento directo que pesa sobre ella.

La flamante ombudsman no tardó en marcar sus prioridades. «Mi foco estará en la vivienda, el realojo de quienes viven en inmuebles ruinosos, la entrega de pisos a huérfanos y la protección de los derechos laborales», declaró, para añadir a renglón seguido que su «prioridad incondicional» serán los combatientes de la campaña militar y sus familias. Lantratova dijo haber recorrido 46 regiones del país en el último año y prometió reforzar el trabajo con los defensores del pueblo regionales y las organizaciones sociales, aunque el historial de supervisión de la sociedad civil bajo el paraguas del Kremlin siembra dudas sobre la autonomía real del cargo.

La salida de Moskalkova cierra una década en la que la oficina del ombudsman, sin abandonar la ortodoxia oficial, mantuvo un canal directo con Kiev y recibió a representantes de la Cruz Roja Internacional. Ahora, analistas desde Madrid y Buenos Aires coinciden en que el relevo supone una vuelta de tuerca simbólica: el puesto que encarna la protección de derechos pasa a manos de quien, según fuentes ucranianas, contribuyó a vulnerarlos. Mientras la anterior titular todavía sopesa si concurrir a los próximos comicios legislativos, Moscú envía una señal inequívoca de que la institución operará como una correa de transmisión más de la política del Kremlin.