FIFA bajo investigación en Nueva York y Nueva Jersey por precios y asignación de entradas al Mundial 2026
Las fiscalías exigen explicaciones por prácticas que habrían inflado artificialmente los costos y relegado a aficionados a peores localidades, mientras el mercado secundario muestra una demanda débil.

Las fiscalías generales de Nueva York y Nueva Jersey han abierto una investigación conjunta contra la FIFA por presuntas irregularidades en la venta de entradas para la Copa del Mundo de 2026, apenas semanas antes del inicio del torneo. Las procuradoras Letitia James y Jennifer Davenport emitieron una citación judicial que obliga al máximo organismo del fútbol a entregar documentación interna sobre sus prácticas de comercialización, después de recibir numerosas denuncias de aficionados que aseguran haber sido asignados a localidades de peor categoría que las adquiridas originalmente.
La polémica se centra en el MetLife Stadium, rebautizado como New York New Jersey Stadium para el certamen, donde se disputarán ocho encuentros incluida la final. Según la investigación, la FIFA habría utilizado por primera vez un modelo de «precios dinámicos» que ajustó el costo de las entradas en función de la demanda, generando un alza que, en palabras de las fiscales, superó con creces los valores de cualquier torneo previo. Además, los compradores denuncian que se modificaron los mapas de asientos del estadio, degradando a miles de hinchas a sectores de visibilidad o comodidad inferiores sin previo aviso.
Esta ofensiva legal contrasta con los datos que llegan del mercado de reventa y del sector hotelero en Estados Unidos. Desde abril, el precio promedio de los boletos más económicos para la fase de grupos ha caído entre un 23% y un 30%, situándose en torno a los 560 dólares, mientras que la ocupación hotelera proyectada está muy por debajo de las expectativas generadas por la primera Copa del Mundo «en casa» para el fútbol estadounidense. La aparente contradicción entre la escasez artificial denunciada por las autoridades y la debilidad de la demanda real ha sembrado dudas sobre el legado económico del evento y ha alimentado la narrativa de una FIFA que infló los precios para maximizar ingresos.
Desde la prensa europea se ha puesto el acento en la confusión y la falta de transparencia del proceso de venta. Medios como la BBC o la Frankfurter Allgemeine Zeitung subrayan que la FIFA se enfrenta ahora a una investigación formal que podría derivar en sanciones si se comprueba que engañó deliberadamente a los consumidores. En América Latina, cabeceras de México, Brasil y España han resaltado el malestar de los aficionados que viajarán largas distancias y pagaron sumas elevadas para verse relegados a peores asientos, lo que amplifica la presión sobre el organismo.
La citación judicial marca un punto de inflexión en la relación entre la FIFA y las jurisdicciones anfitrionas, tradicionalmente reacias a ejercer control sobre las prácticas comerciales del ente rector. Analistas en Ciudad de México advierten que una resolución adversa podría sentar precedente para futuras exigencias de rendición de cuentas en otros países sede. A pocas semanas del pitazo inicial, la promesa de una fiesta mundialista queda empañada por una tormenta legal que pone en el centro del debate la ética comercial del fútbol globalizado.
Cómo se cuenta la misma historia en otros lugares.
While the New York and New Jersey AGs probe FIFA over ticket sales, the real story is the unexpectedly weak demand: hotel occupancy is low and secondary-market ticket prices are dropping. The supposed economic legacy of the US-hosted World Cup looks shaky, official hype notwithstanding.
New York and New Jersey attorneys general have subpoenaed FIFA, alleging 'fake scarcity and impossibly high prices' in World Cup ticket sales. The inquiry focuses on whether fans were misled about seat locations and pricing.
Democratic attorneys general launched a joint probe into FIFA's 'soaring' ticket prices and claims that fans were misled about seat locations. Subpoenas demand records on pricing and sales, framing the investigation as a consumer-protection fight against a global sports body.
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