Washington planea usar activos iraníes para reconstruir países del Golfo tras ataques

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está desarrollando un plan para utilizar activos iraníes congelados en la reconstrucción de infraestructuras en los Estados del Golfo Pérsico afectadas por los recientes ataques atribuidos a Teherán. Según fuentes en Washington, el secretario Scott Bessent ha ordenado a un equipo especializado que evalúe los costes de los daños ya infligidos a aliados como Kuwait y Bahréin —objetivos de una oleada de misiles y drones— y estudie la viabilidad de financiar reparaciones futuras con esos mismos fondos. La iniciativa, adelantada por Reuters y confirmada por medios estadounidenses, se enmarca en la escalada militar que vive la región desde el inicio de la guerra entre Irán y una coalición liderada por Estados Unidos e Israel.

Desde la óptica de Teherán, la medida constituye una “confiscación ilegal” que dinamita las conversaciones de paz. Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo iraní, declaró a la CNN que cualquier acuerdo pasa por la liberación de 24.000 millones de dólares en activos iraníes bloqueados en el extranjero. Analistas en la capital persa interpretan la propuesta de Washington como un intento de debilitar la posición negociadora de Irán y de desviar recursos que la República Islámica considera vitales para aliviar la presión económica interna. En el mundo árabe, voces cercanas al denominado “eje de la resistencia” denuncian un doble rasero: mientras se exige a Irán compensar daños, no se contabilizan los perjuicios causados por las operaciones militares estadounidenses e israelíes en la zona.

Desde Bruselas y Moscú se observa con preocupación el deterioro del frágil alto el fuego. Medios rusos subrayan que la reactivación de los ataques mutuos —Kuwait y Bahréin interceptaron misiles balísticos lanzados desde territorio iraní— evidencia la volatilidad estratégica de un conflicto que amenaza las rutas energéticas globales. Para analistas latinoamericanos, el episodio recuerda la vulnerabilidad de los países con sanciones financieras internacionales: el uso discrecional de activos congelados sienta un precedente que podría replicarse en otras crisis geopolíticas donde América Latina tiene intereses soberanos en juego.

A medida que Bessent coordina con sus pares del Golfo la cuantificación de infraestructuras dañadas —desde plantas energéticas hasta terminales aéreas—, la brecha entre las partes parece ensancharse. El plan estadounidense, aún en fase de estudio, no especifica qué tipo de activos se emplearían: desde cuentas bancarias hasta propiedades o incluso petroleros. Lo que está en juego no es solo el destino de miles de millones de dólares, sino la arquitectura misma de la negociación internacional. La instrumentalización de los recursos de un Estado como mecanismo de compensación extrajudicial podría fijar una nueva norma en la gestión de conflictos asimétricos, con consecuencias imprevisibles para el orden multilateral.