Trump negocia participación estatal en empresas de IA para distribuir riqueza entre ciudadanos
La administración estadounidense y OpenAI exploran un acuerdo de equidad que sentaría las bases de un fondo soberano de riqueza, inspirado en el concepto de capital básico universal.

Conversaciones entre el gobierno de Donald Trump y las principales compañías de inteligencia artificial buscan un mecanismo para que el Estado adquiera una participación accionaria en el sector, con el propósito de redistribuir los beneficios económicos entre la población. Trump confirmó la iniciativa a bordo del Air Force One, donde anticipó una reunión con líderes tecnológicos en los próximos días para discutir una “asociación casi con el público estadounidense”. Entre las empresas mencionadas se encuentran OpenAI, Google, Microsoft, SpaceX y Anthropic, aunque solo Microsoft declinó comentar al respecto.\n\nLa propuesta tiene sus raíces en un documento de política presentado por OpenAI en abril de 2025, que sugería la creación de un Fondo de Riqueza Pública financiado con donaciones de acciones de empresas de IA. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, inició las conversaciones con la administración Trump hace más de un año, según fuentes cercanas. El concepto se alinea con la noción de “capital básico universal” (UBC, por sus siglas en inglés), que propone otorgar a los ciudadanos cuentas de inversión con participaciones en compañías estratégicas, en lugar de transferencias monetarias directas. En Washington, esta idea ha ganado respaldo bipartidista como respuesta al potencial desplazamiento laboral que generará la automatización.\n\nDesde América Latina, analistas observan que la iniciativa evoca los debates sobre fondos soberanos de materias primas, como el caso chileno del cobre, pero aplicados a la economía digital. Advierten, sin embargo, que la participación estatal en empresas tecnológicas puede generar controversias sobre gobernanza y competencia. En Europa, en tanto, la discusión se enmarca dentro de los esfuerzos por regular la IA y distribuir sus beneficios mediante esquemas fiscales en lugar de propiedad accionaria.\n\nLas negociaciones aún están en etapa preliminar y los términos no han sido definidos. De concretarse, el acuerdo sentaría un precedente global sobre cómo los gobiernos pueden capturar valor de la revolución de la inteligencia artificial, al tiempo que enfrentarían desafíos técnicos y políticos como la valuación de las acciones, la gestión del fondo y el riesgo de influencia estatal en el dinamismo innovador del sector.
Cómo se cuenta la misma historia en otros lugares.
The Trump administration issued a directive to fast-track AI use in military and national security agencies, while stressing the need to keep human control and prevent illegal surveillance. Separately, the president floated the idea of the government buying shares in AI firms and returning the profits to the public, drawing attention to the feasibility of such a plan.
Through a presidential memorandum, Trump propels the military and security agencies into the AI age, insisting on human oversight, protection of civil liberties, and a ban on using AI to censor free speech. The emphasis is on the ethical guardrails framing the technological race as an unavoidable step.
The White House is speeding up AI for national security, assuring it won’t be used for illegal surveillance, but it’s the economic angle that dominates headlines: Trump is considering buying stakes in AI firms and mulling a way to pass dividends to Americans. The populist-tinged idea is reported with a mix of curiosity and skepticism.
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