Suiza grava la aviación corta mientras el transporte lastra su ambición climática

Una iniciativa ciudadana busca imponer una tasa de al menos 30 francos por cada vuelo de corta distancia desde Suiza, en un intento por desincentivar la aviación y favorecer al ferrocarril. Este nuevo esfuerzo, que resurge tras el rechazo popular a una tasa similar en 2021, pone el foco en el sector que más resiste a la descarbonización: el transporte, responsable de un tercio de las emisiones nacionales y con una reducción de apenas el 10% desde 1990. La medida refleja la urgencia por corregir una paradoja en un país que, pese a liderar avances en otros ámbitos, mantiene una intensa dependencia del avión para desplazamientos rutinarios.

El contraste no podría ser más nítido. Según los últimos datos oficiales, Suiza ha reducido sus emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 27,3% entre 1990 y 2024, alcanzando las 40,1 millones de toneladas. El sector de los edificios, impulsado por la masiva instalación de bombas de calor, destaca con un recorte del 47%. Sin embargo, este progreso se ve ensombrecido por la lentísima evolución del transporte, un lastre que analistas en Bruselas identifican como un patrón común en varias economías europeas, donde la aviación y el transporte por carretera desafían las metas climáticas.

La iniciativa se topa con un arraigado hábito nacional. Los suizos recorren anualmente unos 10.000 kilómetros en avión frente a solo 2.500 en tren, según los promotores de la tasa. Viajes exprés a Barcelona, Londres o Copenhague se han normalizado, creando una huella de carbono desproporcionada. Desde la óptica latinoamericana, donde la integración ferroviaria es limitada, el debate suizo resulta ilustrativo de los dilemas que enfrentan las sociedades con alto poder adquisitivo: cómo conciliar la movilidad globalizada con la responsabilidad ambiental, un desafío que también resuena en naciones como España, puente aéreo con el resto de Europa.

El camino hacia la implementación de la tasa está plagado de incertidumbres políticas y sociales. Observadores en Ciudad de México señalan que, más allá de la medida punitiva, el éxito dependerá de que exista una alternativa ferroviaria real, accesible y eficiente, algo que en Suiza es una ventaja pero que en otras latitudes es una carencia estructural. El debate trascenderá la simple fiscalidad para adentrarse en la planificación de una movilidad sostenible integral.

A futuro, el resultado de esta iniciativa servirá como termómetro de la voluntad ciudadana suiza para internalizar los costos climáticos de su estilo de vida. Su eventual aprobación podría impulsar tendencias similares en otros países alpinos y de la UE, mientras que un nuevo rechazo revelaría los límites de la aceptación social, incluso en una nión concienciada. El reto, en definitiva, es transformar la excelencia técnica en reducción de emisiones —demostrada en edificios e industria— en una verdadera revolución de la movilidad.