Sanciones de EE.UU. desatan éxodo empresarial de Cuba y la isla busca refugio en inversores locales

Las sanciones de la administración estadounidense han forzado un repliegue masivo de empresas extranjeras en Cuba, un fenómeno que se aceleró al vencer el ultimátum impuesto para el 5 de junio. Cadenas hoteleras como la española Meliá suspendieron operaciones en 15 de sus 34 establecimientos, mientras que aerolíneas como Air Canada y Sunwing cancelaron sus vuelos de forma indefinida, aduciendo la incertidumbre política y económica que asfixia a la isla. El bloqueo financiero, que incluye la suspensión de pagos con tarjetas Visa y Mastercard, ha dejado al sector turístico —pilar de la economía cubana— sin acceso a divisas y con una ocupación en caída libre.

Desde la óptica latinoamericana, analistas en Ciudad de México y San Pablo observan que la presión de Washington combina sanciones económicas directas con un embargo energético de facto, al cortar el suministro de combustible. Esto ha agravado los apagones y la escasez de bienes básicos, creando un cóctel que expulsa a los inversionistas. La inclusión del conglomerado militar Gaesa en las listas de la OFAC ha sido el detonante, ya que cualquier vínculo con esa entidad expone a las compañías a represalias en el mercado estadounidense.

En respuesta, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha girado hacia una estrategia de autogestión, ofreciendo la administración de hoteles a inversores cubanos residentes dentro y fuera del país. Según fuentes españolas, se exploran modalidades de negocio con socios de otras naciones no dependientes de Estados Unidos, un intento de sortear el cerco financiero. La diáspora cubana aparece como un salvavidas potencial, aunque los expertos dudan de su capacidad para suplir la infraestructura y el capital que aportaban las transnacionales.

Las reacciones desde el ámbito europeo, particularmente desde Madrid, reflejan preocupación por el impacto en las empresas ibéricas históricamente arraigadas en la isla, pero también resignación ante la imposibilidad de eludir las sanciones sin perder acceso al mercado norteamericano. La decisión de Meliá, comunicada el pasado 26 de mayo, ilustra el dilema entre los vínculos comerciales y el riesgo legal.

A futuro, la viabilidad del modelo de gestión hotelera por nacionales dependerá de la profundidad de la crisis y de la resiliencia de las redes de la diáspora, en un contexto donde el bloqueo financiero y energético convierte cualquier operación en una apuesta de alto riesgo. Mientras tanto, la isla se encamina hacia un aislamiento económico que recuerda los peores momentos del “período especial”, con la diferencia de que ahora Washington busca desmantelar el sostén militar-empresarial del régimen.