Bolivia legaliza el uso militar para desbloquear carreteras en medio de protestas

El Congreso boliviano aprobó en la madrugada del domingo una ley que permite al presidente Rodrigo Paz recurrir a las Fuerzas Armadas para despejar las rutas bloqueadas por manifestantes, una medida que amplía el marco legal de los estados de excepción y otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios para restringir derechos de reunión y movilización. La decisión, adoptada tras una maratoniana sesión de más de 15 horas que se extendió hasta el amanecer y contó con más de dos tercios de los votos, se produce en el contexto de una crisis política y social que ya suma 38 días, con decenas de cortes de carreteras que estrangulan el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas en ciudades como La Paz y El Alto.

A partir de la óptica latinoamericana, la medida representa un intento del centro-derecha por recuperar el control territorial frente a una protesta que exige la renuncia de Paz y ha adquirido rasgos de insurrección cívica. Analistas en Buenos Aires y México señalan que la ley busca formalizar lo que en la práctica ya ocurría: operativos conjuntos de la policía antidisturbios y el Ejército, como el registrado el sábado en la localidad de San Julián, en el departamento de Santa Cruz. Allí, agentes respaldados por vehículos militares lanzaron gases lacrimógenos y fueron recibidos con piedras y neumáticos incendiados. El saldo fue de al menos tres policías heridos, dos de ellos por arma de fuego según reportes locales.

Desde la mirada europea, medios nórdicos como Aftonbladet subrayan que el malestar económico y el respaldo de Estados Unidos al presidente Paz son factores de fondo que alimentan la polarización. En contraste, la prensa ibérica y latinoamericana ha puesto el foco en la emergencia humanitaria: el bloqueo de la principal carretera que conecta el oriente agrícola con el occidente andino ha provocado que en El Alto los alimentos empiecen a escasear, según testimonios de residentes. El país, que históricamente ha oscilado entre la inestabilidad y la coerción estatal, se asoma a un escenario en el que la militarización de la respuesta puede tanto desescalar los bloqueos como profundizar el conflicto.

La ley aprobada fija límites temporales a la excepción y prevé la fiscalización del Legislativo, lo que para algunos analistas constituye un contrapeso institucional. No obstante, la participación castrense, hasta ahora limitada, se expandirá en las próximas horas mientras Paz evalúa declarar formalmente el estado de excepción. Las imágenes de uniformados enfrentándose a civiles en Santa Cruz, junto con los heridos, anticipan que la legitimidad del proceso será puesta a prueba tanto en las calles como en la opinión pública internacional. La experiencia de otras naciones de la región, como Chile o Colombia, muestra que la intervención militar en la seguridad interior suele dejar secuelas políticas profundas, y Bolivia no parece estar exenta de esa dinámica.