Begoña Gómez, enviada a juicio por cuatro delitos en plena cumbre de Sánchez con Xi Jinping

La instrucción judicial que desde hace dos años acorrala al entorno de Pedro Sánchez dio un salto cualitativo el pasado martes, cuando el juez Juan Carlos Peinado notificó el auto de conclusión y propuso llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La decisión sorprendió al matrimonio en Pekín, en plena visita oficial, y desató una ola de reacciones que evidencian la profunda fractura política española. Mientras en La Moncloa se hablaba de “indignación” y se denunciaba una maniobra calculada para hacer coincidir el varapalo judicial con los viajes internacionales del presidente, desde el Supremo se reafirmaba la independencia del instructor.

El relato de los hechos que plasma el auto, reconstruido con detalle por la prensa española, dibuja a Gómez como una pieza que habría aprovechado el “incomparable ascendente” de su marido para que se creara para ella una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, lograr que grandes empresas patrocinaran esa plataforma y que otras sufragaran el desarrollo de un software del que habría intentado apropiarse contando con la colaboración de la asesora que Moncloa pone a disposición de la esposa del presidente. Las defensas, sin embargo, apuntan a una posible nulidad del procedimiento porque el mismo escrito que cierra la investigación solicita nuevas diligencias, una contradicción que según fuentes jurídicas madrileñas pone en riesgo la solidez procesal del caso.

Desde una óptica geopolítica, el momento escogido por el juez otorgó a la cita en el Gran Palacio del Pueblo un inesperado valor de refugio simbólico. Xi Jinping, que acababa de recibir a la delegación de Emiratos Árabes Unidos, situó a España “en el lado correcto de la historia” y emplazó a Sánchez a luchar contra el “retorno a la ley de la selva”, en una clara alusión a las tensiones comerciales alentadas por Donald Trump. Analistas en Pekín interpretan que la cálida acogida china refuerza la imagen de estadista que el presidente necesita proyectar dentro y fuera del país, justo cuando las portadas de los grandes diarios internacionales —desde Londres hasta Sídney— presentan el procesamiento de su esposa como un nuevo terremoto para la frágil coalición de izquierdas.

El pulso entre el poder judicial y el ejecutivo no es nuevo, pero ahora se adentra en terreno desconocido. Con varios casos de corrupción abiertos que salpican a antiguos aliados socialistas, la minoría parlamentaria de Sánchez afronta el riesgo de que el calendario judicial dicte los tiempos de la legislatura. En Bruselas, la noticia se sigue con cautela: el sur de Europa vuelve a exhibir las costuras de sistemas donde la familia presidencial se convierte en epicentro de causas que mezclan política y negocios, una dinámica tristemente familiar para los observadores latinoamericanos que han visto a menudo a cónyuges presidenciales en el banquillo. A la espera de que la Audiencia Provincial confirme si Gómez se sienta finalmente ante el jurado, la partida judicial se convierte en un factor más de desgaste para un gobierno que intenta equilibrar su agenda exterior con la erosión doméstica.