Trump sopesa hacer socio al Estado de OpenAI mientras renuncia su asesor de IA

La Casa Blanca enfrenta un momento de redefinición estratégica en su política de inteligencia artificial. El asesor principal en la materia, Sriram Krishnan, anunció su dimisión a finales de mes, justo cuando el presidente Donald Trump sopesa una medida sin precedentes: que el Gobierno federal adquiera una participación accionaria en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Krishnan, quien había sido pieza clave en los esfuerzos reguladores, no ofreció explicaciones detalladas, pero su salida añade incertidumbre a un debate ya de por sí complejo.

El mandatario confirmó que se reunirá con todas las empresas líderes del sector la próxima semana para explorar un modelo que calificó como “una asociación con el pueblo estadounidense”. La iniciativa no surge de la burocracia gubernamental, sino del propio Sam Altman, quien desde 2024 ha abogado por crear un fondo público que redistribuya parte de la riqueza generada por la IA. La mecánica bajo análisis incluye la cesión de títulos accionarios al Estado, cuyos dividendos se repartirían entre los ciudadanos, una idea que, según fuentes en Nueva Delhi, ya ha sido objeto de intensas consultas entre funcionarios de alto nivel.

Las narrativas periodísticas revelan enfoques divergentes. En América Latina, medios mexicanos como La Jornada dieron prioridad a la renuncia de Krishnan, interpretándola como un síntoma de las tensiones internas en la administración Trump respecto al control de tecnologías disruptivas. Por el contrario, observadores en Teherán y Moscú han enfatizado el calado geopolítico de la posible participación estatal, viéndola como un ensayo de soberanía digital que podría reconfigurar el equilibrio entre el sector público y los gigantes tecnológicos. Desde la óptica de Nueva Delhi, se subraya el atractivo de un reparto de beneficios a escala masiva, aunque se advierte sobre los riesgos de una excesiva politización de la innovación.

El desenlace es incierto. La marcha de Krishnan podría reflejar resistencias dentro de la administración o simplemente una reconfiguración táctica antes de las negociaciones definitivas. Los desafíos legales y éticos son considerables, pero si Trump logra materializar esta asociación, sentaría un precedente global. Para los países de habla hispana, desde España hasta Argentina, el experimento estadounidense será un espejo en el que mirarse: ¿debe el Estado ser socio de las empresas que controlan la inteligencia artificial? La respuesta quizás tarde en llegar, pero la pregunta ya está sobre la mesa.