Trump ordena anular las últimas condenas por el asalto al Capitolio del 6 de enero

La nueva administración estadounidense ha dado un paso más en su intento de reescribir la narrativa del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El Departamento de Justicia, bajo control republicano, pidió esta semana a un tribunal federal de apelaciones que deje sin efecto las sentencias condenatorias por conspiración sediciosa contra doce miembros destacados de los grupos ultraderechistas Oath Keepers y Proud Boys. La medida busca eliminar los últimos vestigios penales de aquel episodio, después de que el presidente Donald Trump indultara masivamente a la mayoría de los procesados nada más regresar a la Casa Blanca.

A diferencia de los indultos que borran por completo la responsabilidad penal, estos doce condenados –entre ellos Stewart Rhodes, fundador de Oath Keepers– recibieron en enero una conmutación de la pena: quedaron en libertad, pero sus condenas seguían en vigor. Según fuentes judiciales citadas por medios estadounidenses, la fiscalía federal en Washington argumentó ahora que “no redunda en interés de la justicia continuar con este caso ni con los de otros acusados en situación similar”, una fórmula que allana el camino para que el tribunal de apelaciones vacíe formalmente los fallos. La decisión afecta a figuras clave de la irrupción violenta, que dejó unos 140 agentes heridos y sacudió los cimientos de la democracia norteamericana, y que ya había sido objeto de un amplio relato histórico desde la presidencia de Joe Biden.

Desde la óptica de Bruselas y otras capitales europeas, la decisión se interpreta como un nuevo episodio de la polarización que trasciende las fronteras estadounidenses. Analistas en Madrid y Berlín advierten que el borrado de las condenas por sedición –un delito gravemente castigado en las democracias consolidadas– envía una señal preocupante sobre la impunidad de la violencia política cuando se alinea con el discurso oficial. La prensa germana, que ha seguido con atención el desgaste institucional en Washington, enmarca la maniobra como parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para neutralizar los contrapesos judiciales heredados de la era Biden, una lectura compartida en América Latina por expertos que siguen de cerca la evolución del modelo democrático estadounidense.

El contexto resulta revelador: apenas horas después de su investidura, Trump otorgó indultos generales a cerca de mil acusados por el ataque al Capitolio, pero conmutó selectivamente las penas de catorce personas cuyos delitos eran considerados especialmente graves. La presentación de este martes ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia cierra ese capítulo, al reclamar la anulación total de las condenas, incluida la de Rhodes y otros líderes que fueron sentenciados a largos años de prisión. Las solicitudes de la fiscalía están firmadas por la fiscal general Jeanine Pirro, un nombramiento político que refuerza la sintonía entre la Casa Blanca y el aparato judicial.

Con este movimiento, el poder ejecutivo estadounidense completa una revisión profunda de la responsabilidad penal por la insurrección del 6 de enero. Para los observadores internacionales, la maniobra no solo cierra un expediente judicial, sino que sienta un precedente delicado: cuando las condenas por atentar contra la transferencia pacífica del poder se vuelven reversibles por decisión política, la fortaleza del Estado de derecho se mide por su capacidad de resistir el vaivén de cada administración. La incógnita ahora es si las cortes de apelación, con jueces designados en distintas épocas, ratificarán esa visión ejecutiva o trazarán un límite.