Trump mantiene la construcción de su salón de baile mientras el DOJ ataca la transparencia

El tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia permitió, el sábado, que continúe temporalmente la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca impulsado por Donald Trump. La decisión, adoptada por dos votos a uno, alarga hasta el 17 de abril la suspensión de la orden que un juez de distrito emitió el 31 de marzo para detener las obras, al carecer de aprobación del Congreso. El panel de apelación consideró que no disponía de información suficiente para valorar las implicaciones de seguridad nacional de paralizar el proyecto, valorado en 400 millones de dólares, y devolvió el caso al juez de primera instancia para que reconsiderara ese aspecto. La demanda fue presentada por el National Trust for Historic Preservation, y fuentes judiciales norteamericanas indican que la Casa Blanca podría recurrir incluso al Tribunal Supremo.

Desde la óptica europea, la decisión fue leída como un respiro temporal para la ambición arquitectónica del presidente. La prensa española y alemana subrayó la paradoja de que un proyecto sin respaldo legislativo pueda seguir adelante amparado por un argumento de seguridad nacional. En su momento la Casa Blanca esgrimió esos riesgos, y los medios del viejo continente centraron la atención en la factura política de un salón de baile neoclásico que evoca, para muchos, los excesos del poder cuando se desentiende de los contrapesos institucionales.

Pero mientras los focos se posan sobre el East Wing, otra iniciativa de calado constitucional pasa casi inadvertida. Una investigación revela que el Departamento de Justicia, a través de su Oficina de Asesoría Legal, ha emitido un memorando que pretende desmontar la norma promulgada tras el Watergate que obliga a hacer públicos los archivos presidenciales. La maniobra concede al mandatario —y a cualquier inquilino futuro de la Oficina Oval— una “licencia para robar la historia estadounidense”, según denuncian organizaciones de defensa de la libertad de prensa. El movimiento llega precisamente cuando el presidente ha vertido amenazas de genocidio en redes sociales, lo que alimenta la sospecha de que se busca blindar discusiones aún más extremas mantenidas en privado.

Analistas en América Latina observan en esta secuencia un patrón de concentración de poder que trasciende fronteras: la erección de un inmueble faraónico sin control parlamentario y el intento simultáneo de enterrar los registros históricos remiten a formas de caudillismo que combinan monumentalismo y opacidad. La Ley de Archivos Presidenciales de 1978 nació precisamente para evitar que un presidente borrara sus huellas, como intentó Richard Nixon. Si prospera la reinterpretación del DOJ, la democracia estadounidense perdería un dique de contención informativa clave, justo cuando las obras del salón de baile siguen avanzando bajo la sombra de una autorización judicial frágil. Ambos frentes —el arquitectónico y el archivístico— convergen en un mismo interrogante sobre hasta dónde está dispuesto a llegar este Ejecutivo para sustraerse al escrutinio público.