Más de 150 liberaciones indebidas en Ontario desatan crisis de confianza penitenciaria

La revelación de que 157 reclusos fueron liberados indebidamente entre 2021 y septiembre de 2025 en la provincia canadiense de Ontario ha provocado una tormenta política. El primer ministro Doug Ford calificó los hechos de “inaceptables” y prometió “hacer toda la luz” sobre lo ocurrido, mientras el procurador general Michael Kerzner admitió que “son demasiados” los casos. Sin embargo, documentos internos obtenidos mediante leyes de acceso a la información —los mismos que llegaron al despacho del ministro en 2025— muestran que la administración conocía la gravedad del problema desde hace más de un año, lo que ha intensificado las críticas en el Parlamento provincial.

Las cifras compiladas por el Ministerio del Procurador General detallan 118 excarcelaciones improcedentes entre 2021 y 2024, a las que se sumaron otras 39 entre enero y septiembre de 2025, en su mayoría por errores administrativos en prisiones y tribunales. Aunque el gobierno insiste en que representan apenas el 0,004 % de todas las liberaciones, la persistencia de los fallos —incluso después de que en 2023 se designara un coordinador central y se distribuyera una guía “fácil de leer”— apunta a deficiencias estructurales ligadas al hacinamiento y la escasez de personal. La controversia se agravó cuando se supo que varios reclusos permanecieron fugados durante meses, contradiciendo la afirmación de Kerzner de que los liberados por error eran devueltos a custodia “de inmediato”.

El fenómeno no es exclusivo de Ontario. En Inglaterra y Gales, el Ministerio de Justicia admitió 179 liberaciones erróneas entre abril de 2025 y marzo de 2026, lo que llevó al secretario de Justicia, David Lammy, a prometer medidas más estrictas tras escándalos como el del agresor sexual migrante Hadush Kebatu. En Australia, el caso de Kyle Quayle —excarcelado accidentalmente en Nueva Gales del Sur y recapturado días después— puso sobre la mesa el argumento de “doble castigo”, aunque el recluso debió completar su condena. Analistas en Londres y Sídney señalan que la creciente presión sobre los sistemas penitenciarios, agravada por el aumento de la población reclusa, favorece fallos en los procedimientos de libertad que comprometen la seguridad pública.

En Ontario, la respuesta no se limita a las investigaciones prometidas: el gobierno de Ford defiende un plan de 6.000 nuevas plazas penitenciarias hasta 2050, concebido para aliviar la sobrepoblación. Expertos en política criminal advierten, sin embargo, que la mera expansión de la infraestructura sin reformas administrativas profundas podría multiplicar las excarcelaciones indebidas. La tensión entre ampliar la capacidad y garantizar una gestión eficaz define así un dilema que trasciende fronteras: en todas las latitudes, la credibilidad del sistema penitenciario depende de que los errores no se conviertan en norma.