La Corte Suprema de India asume la muerte de Twisha Sharma y agita el debate sobre violencia de género

El Tribunal Supremo de India ha decidido intervenir de oficio en el caso de Twisha Sharma, una modelo y actriz de 33 años hallada sin vida en casa de sus suegros en Bhopal el pasado 12 de mayo de 2026. Un pleno encabezado por el presidente del tribunal, Surya Kant, examinará este lunes las «presuntas parcialidades institucionales y las irregularidades procesales» que, según la familia, habrían contaminado la pesquisa desde el primer momento. La decisión, adoptada la noche del sábado a partir de las informaciones periodísticas, eleva a la máxima categoría judicial un suceso que ya había provocado la detención del esposo de la víctima, el letrado Samarth Singh, hijo de una jueza jubilada.

Twisha Sharma, originaria de Noida, contrajo matrimonio con Singh en diciembre de 2025 y se trasladó a la vivienda familiar en el barrio de Katara Hills. Su muerte, que la policía registró inicialmente como un suicidio por ahorcamiento, derivó rápidamente en una acusación de muerte por dote cuando los allegados denunciaron un hostigamiento sistemático. El esposo, que había permanecido prófugo, se entregó y está en prisión preventiva mientras un equipo especial de investigación revisa los hechos. La intervención del Supremo, percibida desde Nueva Delhi como un correctivo a la influencia de las élites jurídicas locales, recuerda otros episodios en los que el tribunal ha asumido causas sensibles para restaurar la confianza ciudadana.

El foco en la violencia contra las mujeres y los menores se extiende más allá de Bhopal. En Coimbatore, al sur del país, una niña de 10 años fue agredida sexualmente y asesinada; las autoridades detuvieron a dos personas y el gobierno regional prometió mano dura con los delitos contra la infancia. Al otro lado del Índico, en Kenia, las fuerzas de seguridad rescataron a un niño de dos años en Githurai que había sido sustraído por una adolescente de 15, mientras los registros oficiales hablan de más de 10 000 casos de protección infantil, entre ellos casi 2000 secuestros y 173 de trata, con Nairobi como epicentro. En Kiambu, una familia exige una investigación independiente tras la muerte de un estudiante universitario que apareció ahorcado en una celda policial.

Desde la óptica de los analistas en Nairobi, la sucesión de secuestros y la fragilidad de los sistemas de acogida evidencian una crisis estructural que desborda a las instituciones, pese a los programas de reunificación familiar y los rescates puntuales. Observadores latinoamericanos subrayan los paralelismos con los feminicidios y la impunidad policial que persisten en la región, donde la movilización ciudadana ha sido a menudo el único contrapeso. En Bruselas, fuentes comunitarias siguen con atención el eco de estos casos en la prensa internacional, pues la protección de la infancia y la igualdad de género constituyen ejes prioritarios de la cooperación al desarrollo.

La coincidencia de estos sucesos en un corto lapso reabre el debate sobre la efectividad de los marcos legales y la capacidad de los estados para garantizar investigaciones imparciales. La comparecencia del Supremo indio podría marcar un punto de inflexión si cristaliza en directrices que limiten la interferencia de los poderes locales en las causas por violencia machista, un desafío que atraviesa fronteras y que, en última instancia, pondrá a prueba la voluntad política de gobiernos de signo muy diverso.