El caso Dolina destapa la fragilidad de la propiedad en Rusia frente al espejo sueco

La batalla legal de Larisa Dolina ha cobrado un nuevo capítulo con la presentación de una demanda civil por más de 176 millones de rublos contra los cuatro estafadores que, en agosto de 2024, la indujeron a vender su apartamento de cinco habitaciones en el céntrico carril Kséninski de Moscú. El tribunal Lefórtovo de la capital registró el escrito el pasado 8 de junio, pocos meses después de que la justicia de Balashija (región de Moscú) reconociera, en noviembre de 2025, el derecho de la artista a ser resarcida por el daño patrimonial causado. La compradora, Polina Lurye, logró desalojar a la cantante tras un largo litigio, un desenlace que para muchos rusos convierte el episodio en un espejo inquietante de la vulnerabilidad de la propiedad privada.

Desde la óptica de Moscú, el caso trasciende lo anecdótico. El ensayo «Люди за забором» (Gente detrás de la valla), del investigador Máxim Trudoliúbov —publicado por el sello editorial de Meduza— sostiene que «un apartamento en Rusia es el hecho más importante de una biografía», y que el affaire Dolina crea un precedente significativo sobre el estado del derecho de propiedad en el país. La facilidad con la que los ciberdelincuentes —que, según la investigación, usaron criptomonedas para mover el dinero— lograron despojar a una figura pública de su vivienda aviva el debate sobre la solidez de las garantías legales en un entorno donde el mercado inmobiliario ha sido históricamente campo de disputas políticas y económicas.

En contraste, la realidad delictiva en el norte de Europa ofrece otra escala. La televisión pública sueca informó recientemente de la condena a una mujer de 55 años por estafar a feligreses de distintas parroquias a los que pidió dinero para falsos traslados médicos o medicamentos, llegando a embolsarse unas 9.000 coronas (unos 900 euros). La acusada aceptó los cargos y se avino a devolver el perjuicio. Aunque ambos episodios son fraudes, la diferencia de cuantías y de entorno institucional es elocuente: en Suecia, los derechos de propiedad están tan interiorizados que la estafa se dirige contra la buena fe de ciudadanos en pequeñas sumas, mientras que en Rusia el engaño puede liquidar todo un patrimonio inmobiliario con consecuencias existenciales.

Analistas en América Latina señalan que la indefensión reflejada en el caso Dolina resuena en países donde la titulación de la vivienda sigue siendo un proceso frágil y las estafas inmobiliarias no son infrecuentes. En España, la lacra de la okupación ilegal ha generado un debate público que, desde otra perspectiva, también interroga la eficacia de la protección de la propiedad. Lo que une a todas estas latitudes es la pregunta de fondo: ¿qué significa ser dueño cuando el Estado no garantiza plenamente el disfrute pacífico del bien? El proceso en curso en Moscú podría sentar jurisprudencia, pero la desconfianza ciudadana en la seguridad jurídica tardará más en desaparecer.