Demanda federal busca frenar la velada de UFC en la Casa Blanca en el cumpleaños de Trump

Un recurso de emergencia presentado el sábado ante un tribunal federal del Distrito de Columbia intenta detener la celebración del UFC Freedom 250, la primera velada de artes marciales mixtas en la historia de la Casa Blanca, prevista para el 14 de junio en el jardín sur. La demanda, impulsada por el Proyecto de Integridad Pública en nombre de dos residentes de Virginia —un veterano de la Fuerza Aérea y un activista político—, denuncia que la autorización del evento por parte de la administración Trump es ilegal, al violar normativas del Servicio de Parques Nacionales que prohíben espectáculos deportivos en terrenos federales. Brendan Ballou, abogado principal de la organización, calificó la iniciativa como “un uso privado, comercial y profundamente corrupto de nuestros monumentos nacionales más sagrados para beneficio particular”.

Más allá de las objeciones formales, la querella sostiene que la construcción del escenario —una estructura de 600 toneladas con un arco de más de 28 metros— carece de la preceptiva autorización del Congreso y no fue sometida a revisión ambiental. Asimismo, señala un posible conflicto de intereses, dado que el presidente Trump posee una participación accionarial en la empresa matriz de la UFC. Mientras la Casa Blanca ha desestimado la demanda como un intento “obstruccionista e infundado” por impedir que el presidente organice un evento en el marco de las celebraciones del 250º aniversario de la independencia, el director ejecutivo de la UFC, Dana White —aliado de Trump y exasesor de campaña—, negó que se trate de una fiesta de cumpleaños, aunque admitió que la pelea fue idea del mandatario.

Desde Washington, analistas legales advierten que el caso abre un debate sobre los límites al uso privativo de bienes públicos por parte de figuras gubernamentales. La rapidez con que se montó el dispositivo —en pocas semanas— y los costos asociados, que según la UFC podrían superar los 60 millones de dólares sin generar beneficio directo para la promotora, añaden aristas financieras y políticas a la controversia.

A pocos días de la fecha prevista, la decisión de la jueza a cargo dirimirá no solo la legalidad del permiso, sino que sentará un precedente sobre la mercantilización de espacios simbólicos. Observadores internacionales, desde Europa hasta América Latina, siguen con atención un caso que combina espectáculo, celebración patria y cumpleaños presidencial, y que para muchos redefine las fronteras entre lo público y lo privado en las democracias contemporáneas.