Begoña Gómez, procesada por corrupción tras dos años de investigación judicial

El magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado el auto de conclusión de la investigación que sitúa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, a las puertas del juicio oral. Tras casi dos años de pesquisas, la resolución propone juzgarla ante un tribunal del jurado por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La pieza central del caso es la cátedra que la Complutense de Madrid creó para Gómez y el presunto aprovechamiento, con la colaboración de una asesora de La Moncloa, de grandes empresas que patrocinaron ese espacio académico y sufragaron un programa informático del que la investigada intentó apropiarse siendo un desarrollo público.

La imputación formal se conoció mientras Pedro Sánchez y su mujer se encontraban de visita oficial en China, donde el líder asiático Xi Jinping escenificó una sintonía total con España, situando a ambos países “del lado correcto de la historia” y rechazando el “retorno a la ley de la selva”. Desde Pekín, Sánchez reaccionó con su ya habitual llamamiento a que la justicia “haga justicia” y reiteró la inocencia de su esposa. En la Moncloa, sin embargo, la noticia desató una profunda indignación: fuentes gubernamentales interpretaron la coincidencia temporal del auto con los viajes oficiales al extranjero como una provocación deliberada, mientras el presidente evitó cualquier descalificación expresa al juez.

Desde la óptica de la prensa española, el recorrido de la instrucción ha estado marcado por constantes vaivenes. El mismo auto que da por finalizada la investigación solicita nuevas diligencias, lo que, según las defensas, podría acarrear la nulidad de lo actuado. El juez Peinado inició el procedimiento en abril de 2024 bajo secreto de sumario y, tras levantarlo, su labor ha sido cuestionada tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado. Desde Bruselas y otras capitales europeas se observa con preocupación la acumulación de casos judiciales que afectan al entorno del presidente —incluidos antiguos aliados socialistas— porque erosionan la estabilidad de un Ejecutivo de coalición en minoría y alimentan un clima de crispación que ya es crónico.

Analistas en América Latina señalan que los procesos contra familiares de mandatarios en ejercicio suelen proyectar una sombra de desconfianza institucional difícil de acotar. En España, la causa contra Begoña Gómez añade presión a un gobierno que afronta negociaciones parlamentarias cada vez más tensas y que ha hecho de la defensa de la legitimidad democrática uno de sus ejes retóricos. Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid la que deba decidir si la esposa del presidente se sienta finalmente en el banquillo, mientras el caso se convierte en arma arrojadiza entre las fuerzas políticas y la ciudadanía asiste a una judicialización acelerada de la vida pública.