Begoña Gómez, procesada por corrupción mientras Sánchez sellaba alianzas con Xi en Pekín

La investigación judicial sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, ha dado un salto cualitativo al cerrar el juez Juan Carlos Peinado la instrucción y proponer su enjuiciamiento ante un tribunal del jurado. El auto, notificado cuando Pedro Sánchez concluía una visita oficial a Pekín, le atribuye cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La decisión llega tras dos años de pesquisas salpicadas de polémica, en los que las defensas han denunciado reiterados vaivenes procesales y han advertido del riesgo de nulidad porque el mismo escrito que cierra la causa reclama nuevas diligencias.

Según la reconstrucción del magistrado, Gómez se habría aprovechado de la cercanía al poder de su marido para que la Universidad Complutense creara una cátedra a su medida, consiguiendo que grandes empresas la patrocinaran y financiaran un programa informático que luego intentó apropiarse como si fuera de titularidad pública. La colaboración de una asesora de La Moncloa —puesta a disposición de la cónyuge del presidente— completa el entramado descrito en la resolución. El caso se suma a otros frentes judiciales que acosan al Ejecutivo de coalición y que la oposición de derecha explota para erosionar a Sánchez.

La noticia sorprendió al matrimonio en plena gira diplomática china, lo que avivó la indignación en el seno del Gobierno. En Moncloa se interpreta la coincidencia temporal como una maniobra deliberada del instructor para causar el máximo daño político. Sánchez, sin salirse del guion, reiteró desde Pekín: «Lo que le pido a la justicia es que haga justicia», mientras defendía la inocencia de su esposa. Aunque evitó una condena explícita, el presidente ha insinuado en varias ocasiones que el juez Peinado hace política con la investigación.

Paradójicamente, mientras Sánchez escuchaba en el Gran Palacio del Pueblo los elogios del presidente chino, Xi Jinping —«China y España somos países de principios y estamos del lado correcto de la historia»—, el banquillo aguardaba a Gómez en Madrid. Xi apeló a la lucha común contra «la ley de la selva» internacional y se comprometió a reforzar la cooperación bilateral, en un gesto que subraya la sintonía entre ambos gobiernos. Esta doble escena —prestigio exterior y asedio judicial interior— resuena con fuerza en la opinión pública latinoamericana, donde varios exmandatarios progresistas han enfrentado procesos similares que afectaron la gobernabilidad. Desde la óptica de Bruselas, la imputación de un familiar directo del jefe de Gobierno español añade incertidumbre sobre la estabilidad de un Ejecutivo en minoría, justo cuando la Unión Europea necesita cohesión interna.

Ahora corresponde a los tribunales decidir si Gómez se sienta efectivamente en el banquillo. El camino no está exento de riesgos jurídicos: las defensas apuntan a una posible nulidad procesal que podría retrasar o tumbar el procedimiento. Mientras, la oposición redobla la presión y el presidente promete agotar la legislatura, el caso está llamado a marcar el pulso político de los próximos meses y a influir en el equilibrio de un Gobierno acorralado por múltiples causas judiciales.