Uso israelí de fósforo blanco en Líbano: verificación y debate internacional

El Ejército israelí ha empleado fósforo blanco, un arma incendiaria extremadamente peligrosa, en áreas densamente pobladas del sur del Líbano durante los recientes enfrentamientos con Hezbolá. Una investigación del diario estadounidense The New York Times, basada en testimonios de expertos, imágenes y videos verificados, confirma al menos varios ataques con esta sustancia tóxica, cuyo uso en zonas civiles está prohibido por el derecho internacional humanitario. La munición, que se autoinflama al contacto con el aire y causa quemaduras profundas hasta el hueso, ha sido objeto de denuncias previas contra Israel, pero ahora la acumulación de pruebas reaviva el debate sobre la legalidad de estas operaciones.

El incidente más reciente documentado ocurrió el 30 de mayo, cuando las fuerzas israelíes avanzaban hacia el castillo medieval de Beaufort y blancas columnas de humo característico del fósforo blanco se elevaron sobre la ciudad de Nabatieh, de aproximadamente 40.000 habitantes. La ofensiva, enmarcada en la escalada contra la milicia chií libanesa, también dejó rastros del químico en las localidades de Tiro, al-Qlayaa, Khiam y Yohmor. Las fuentes israelíes rechazan haber utilizado el armamento de manera ilegal y sostienen que su empleo se ajusta a los protocolos militares para generar cortinas de humo o destruir blindajes enemigos, nunca contra la población civil.

Desde la perspectiva legal europea, el fósforo blanco no está catalogado como un arma química, por lo que su posesión y uso militar están permitidos bajo la Convención de la ONU de 1980. Sin embargo, el Tercer Protocolo de ese tratado prohíbe explícitamente lanzar armas incendiarias sobre concentraciones civiles. Analistas en Estocolmo y Roma recuerdan que la dificultad de controlar sus efectos en entornos urbanos convierte su uso en áreas pobladas en una violación flagrante del principio de distinción del derecho de la guerra. El experto sueco en derecho internacional Ove Bring declaró al periódico Dagens Nyheter que “el fósforo blanco debería estar totalmente prohibido”, aunque reconoció que no puede afirmarse automáticamente la ilegalidad de cada incidente sin una investigación caso por caso.

En contraste, medios iraníes como Donya-e Eqtesad califican abiertamente los hechos como un “crimen de guerra” y acusan al “régimen sionista” de atacar deliberadamente a la población civil libanesa. Esta narrativa, que se alinea con la postura de Hezbolá y el gobierno de Teherán, encuentra eco en sectores de América Latina donde la causa palestina y la solidaridad con el Líbano movilizan a la opinión pública. Desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por la aparente impunidad con que se emplean armas controvertidas en conflictos asimétricos, y urgen a la comunidad internacional a investigar estos episodios.

Más allá del rifirrafe jurídico, la polémica del fósforo blanco en Líbano ilustra las tensiones irresueltas del derecho internacional humanitario frente a las nuevas tácticas de guerra urbana. Mientras los mecanismos de verificación independientes, como el del New York Times, arrojan luz sobre lo ocurrido, la ausencia de una condena unánime o de sanciones efectivas perpetúa un ciclo de violencia que, advierten expertos desde Madrid y Bruselas, solo profundiza el sufrimiento de la población civil y aleja cualquier perspectiva de paz duradera en el convulso Oriente Medio.