Suiza vota bajo alta tensión un límite poblacional que desafía a la UE

Los colegios electorales suizos registrarán el domingo una participación inusualmente alta —en torno al 54 %, muy por encima de la media histórica del 45 %— para decidir si el país alpino se convierte en la primera democracia europea que graba en su ordenamiento un techo demográfico vinculante. La iniciativa popular «No a una Suiza de 10 millones (iniciativa por la sostenibilidad)», impulsada por el derechista Partido Popular Suizo (SVP), obligaría al Gobierno a adoptar medidas drásticas cuando la población supere los 10 millones de habitantes, incluyendo la posibilidad de denunciar el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea. Con 9,1 millones de residentes en la actualidad y un crecimiento de 1,7 millones desde 2002, el umbral podría alcanzarse hacia 2050, lo que convierte la votación en un plebiscito anticipado sobre el modelo de relación con Bruselas.

Desde Ginebra, el politólogo René Schwok enmarca la consulta en una larga tradición de democracia directa que, a diferencia de otros países europeos, normaliza el voto sobre inmigración. La campaña ha estado dominada por un lenguaje catastrofista: los partidarios denuncian un «caos» en infraestructuras, sanidad y medio ambiente provocado por una inmigración que califican de «incontrolada», mientras que los detractores —el Gobierno, los sindicatos, la patronal y la mayoría de los partidos— advierten de un shock laboral en sectores como la construcción y la salud, donde la mano de obra extranjera es estructural. La presidenta del sindicato UNIA, Vania Alleva, ha liderado el reparto de folletos por el «no» en la estación de Berna, símbolo de una movilización que refleja la profunda división de la opinión pública.

En Bruselas, la posibilidad de que Suiza rescinda unilateralmente el pilar de la libre circulación genera una alarma que trasciende lo bilateral. Los acuerdos que vinculan a Berna con los Veintisiete desde 2002 se basan en un equilibrio precario: acceso al mercado único a cambio de la movilidad de personas. Una victoria del «sí» no solo abriría una crisis diplomática con la UE, sino que sentaría un precedente para otros países donde crecen las presiones por recuperar controles migratorios nacionales. Analistas en Madrid observan que el referéndum suizo resuena en una Europa meridional que, aunque con realidades demográficas distintas, comparte el debate sobre cómo conciliar cohesión social y necesidades económicas.

Desde América Latina, el experimento helvético se sigue con atención porque combina tres elementos extrapolables a otras latitudes: el recurso a la consulta popular directa para dirimir políticas migratorias, la tensión entre soberanía nacional y compromisos supranacionales, y el dilema de una prosperidad que depende de trabajadores extranjeros pero genera ansiedad cultural. Las encuestas dibujan un empate técnico con ligera ventaja para el rechazo, aunque la alta participación podría favorecer a una base conservadora especialmente movilizada.

Sea cual sea el resultado, el 14 de junio dejará una Suiza distinta. Un «no» mantendrá el statu quo pero no disipará el malestar que alimentó la iniciativa; un «sí» obligará a renegociar el vínculo con la UE en un clima de incertidumbre jurídica y económica. En ambos escenarios, la votación consolida el referéndum como termómetro de una Europa que ya no solo debate cuánta inmigración acepta, sino cuánta población está dispuesta a imaginar.