Italia investiga al ministro israelí Ben-Gvir por torturas a activistas de la flotilla humanitaria

La fiscalía de Roma ha inscrito al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, en el registro de investigados por los presuntos delitos de secuestro, tortura y tentativa de homicidio cometidos contra activistas de la flotilla humanitaria Global Sumud Flotilla, interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales en mayo de 2026. La decisión, amparada en el principio de personalidad pasiva que permite a la justicia italiana perseguir crímenes graves contra sus nacionales en el extranjero, se sustenta en las denuncias de los más de 27 ciudadanos italianos que viajaban a bordo, cuyos testimonios —recogidos por los carabineros del ROS— describen vejaciones físicas y psicológicas mientras permanecían maniatados, de rodillas y sometidos a burlas en el puerto de Ashdod.

El expediente, coordinado por los fiscales Stefano Opilio y Lucia Lotti bajo la supervisión del procurador Francesco Lo Voi, incorpora como pieza central un video difundido por el propio Ben-Gvir en sus redes sociales, donde se le veía paseando entre los detenidos y felicitando a los soldados con frases como “Bienvenidos a Israel, aquí mandamos nosotros”. Las imágenes desataron una condena internacional que ahora se traduce en acciones judiciales concretas: Francia, a través de su Fiscalía Nacional Antiterrorista, abrió días antes una investigación preliminar por tortura y crímenes de guerra contra el mismo ministro, mientras que abogados y organizaciones propalestinas han solicitado a la Corte Penal Internacional que amplíe su examen de la situación en los territorios palestinos para incluir estos hechos.

Desde Jerusalén, Ben-Gvir respondió con un desafiante “no me dejaré intimidar” y, en un giro de desprecio hacia la investigación italiana, escribió en X: “El país de la bota se ha convertido en el país de las chancletas”, añadiendo que Israel no es un “saco de boxeo para mentirosos partidarios del terrorismo”. Analistas en Bruselas advierten que este doble procedimiento judicial, italiano y francés, podría sentar un precedente para la activación de la jurisdicción universal europea frente a cargos de tortura cometidos por altos cargos israelíes, aunque su eficacia práctica dependerá de la ejecución de eventuales órdenes de detención y de la disposición de terceros países a cooperar.

En el plano de las víctimas, las denuncias recogen agresiones que van desde la humillación grabada en video hasta episodios de violencia sexual, según relataron algunos activistas a su regreso. La embarcación, que pretendía romper el bloqueo naval a Gaza, fue abordada entre el 18 y el 19 de mayo; los detenidos —un total de 430 personas de diversas nacionalidades— permanecieron semanas presos antes de ser expulsados. Los testimonios, en poder de la justicia italiana, señalan maltratos sistemáticos durante la interceptación y la detención posterior, lo que ha llevado a la portavoz de la flotilla, Maria Elena Delia, a calificar la investigación de “sacrosanta”, aunque recordando que Ben-Gvir es “expresión de un sistema más amplio del gobierno Netanyahu”.

La multiplicación de causas en Europa sitúa a las autoridades israelíes ante un escenario inédito: si las pesquisas avanzan, Ben-Gvir podría ser llamado a juicio en Italia o Francia, lo que tensaría aún más las relaciones diplomáticas con países que, hasta ahora, mantenían un perfil bajo en la rendición de cuentas por la actuación militar israelí. En Madrid y Buenos Aires, círculos jurídicos observan con atención el desenlace, conscientes de que el principio de personalidad pasiva podría ser invocado también por comunidades de ciudadanos con doble nacionalidad, abriendo una nueva vía de presión judicial que, más allá de su viabilidad inmediata, erosiona el margen de impunidad con el que operaba el gobierno israelí en el tablero internacional.