Italia estrena la directiva que obliga a transparentar los salarios en la Unión Europea

El 7 de junio de 2026 marca un hito en la política laboral europea con la entrada en vigor en Italia del decreto legislativo que transpone la Directiva de Transparencia Salarial de la UE. La norma obliga a las empresas a publicar la horquilla retributiva en cada anuncio de empleo y prohíbe preguntar a los candidatos por su salario anterior, una práctica que solía perpetuar desigualdades. Además, los asalariados adquieren el derecho a solicitar información sobre la remuneración media de sus compañeros, desglosada por sexo y categoría profesional, un mecanismo que Bruselas concibió para combatir la brecha salarial de género, que en el conjunto de la Unión ronda el 13%.

La directiva, aprobada en mayo de 2023, fijaba como plazo máximo de transposición el 7 de junio de este año, pero el ritmo de implementación es desigual entre los Veintisiete. Mientras Roma se convierte en uno de los primeros países en aplicarla —el texto se publicó en la Gazzetta Ufficiale el 1 de junio—, en Francia el proceso legislativo aún no ha concluido, y desde París se advierte de un intenso debate sobre los límites de la privacidad y el papel de los convenios colectivos. La versión italiana, de hecho, ha recibido críticas desde los sindicatos y la academia por considerarla excesivamente dependiente de la negociación colectiva y por excluir de su ámbito al trabajo doméstico e intermitente, lo que, según fuentes sindicales, reduce su alcance transformador.

La medida se enmarca en un movimiento global hacia la transparencia retributiva, que en Estados Unidos ha encontrado un altavoz en redes sociales gracias a figuras como Hannah Williams, una tiktoker que entrevista a viandantes sobre sus ingresos y ha puesto rostro a la curiosidad —y la indignación— salarial. En América Latina, donde la informalidad y las brechas salariales son aún más profundas, analistas en Ciudad de México y Buenos Aires observan con interés el experimento europeo, aunque señalan que la eficacia de estas normas dependerá de la capacidad de los Estados para hacerlas cumplir en contextos de debilidad institucional.

A largo plazo, los expertos coinciden en que la mera publicación de datos no basta para erradicar las desigualdades si no se acompaña de un cambio cultural y de sanciones disuasorias. La experiencia italiana de los próximos meses será un laboratorio crucial para evaluar si la transparencia se traduce en equidad real o si, como temen los escépticos, acaba siendo un ejercicio cosmético que no altera la inercia de las estructuras salariales.