Francia revisa 70.000 denuncias de menores tras la conmoción por el asesinato de Lyhanna

La crisis desatada por el asesinato de la niña Lyhanna Rameau Barnard, de 11 años, ha empujado al Gobierno francés a una respuesta de excepción. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ordenó este lunes la revisión de aproximadamente 70.000 denuncias que afectan a menores, tras reunirse con todos los fiscales generales del país [A1]. En una tensa comparecencia, Darmanin rechazó dimitir y aseguró que las «deficiencias» judiciales en el caso «no dependían de mis instrucciones», al tiempo que prometía que la Inspección evaluaría su gestión [A3]. La iniciativa, que desde Madrid se observa como un gesto extremo para sofocar la indignación ciudadana, subraya la profundidad de una fractura que trasciende fronteras y recuerda las tensiones que los fallos judiciales generan en democracias consolidadas.

El cuerpo de Lyhanna fue hallado en una granja abandonada del departamento de Gers, y el principal sospechoso, Jérôme Barella, de 41 años, acumulaba al menos cinco denuncias por agresión sexual —una de ellas por la violación de otra menor en 2025— sin haber sido nunca interrogado a pesar de los reiterados señalamientos por pedocriminalidad [A1][A7]. El domingo, unas 6.000 personas vestidas de blanco marcharon en Fleurance clamando contra «la injusticia de más», en palabras de Anne-Cécile Mailfert, presidenta de la Fundación de Mujeres [A7]. El clamor popular, que analistas en Bruselas interpretan como síntoma de un malestar más amplio con las instituciones, fue recogido por el presidente Emmanuel Macron, quien denunció «fallos graves» de la justicia y urgió a medidas de emergencia, mientras la oposición señalaba la responsabilidad directa del Ejecutivo en la cadena de negligencias [A4].

La polémica ha resucitado propuestas de calado. El exministro del Interior Bruno Retailleau abogó por la creación de una corte disciplinaria de la magistratura, independiente e imparcial, para sancionar a los jueces que incurran en faltas graves, argumentando que «los jueces no están por encima de las leyes» [A6]. La idea no es nueva —en América Latina, voces como las de la Suprema Corte de México han debatido mecanismos similares ante crisis de legitimidad—, pero en Francia gana terreno al calor de la emoción. En paralelo, Retailleau se ha mostrado favorable a la castración química para agresores sexuales, medida que en España ha sido objeto de discusión bioética sin haber logrado consenso parlamentario [A5].

En el trasfondo reside una cuestión tan técnica como política: la rendición de cuentas de los magistrados. El Consejo Superior de la Magistratura ha incrementado las sanciones desde 2020, pero persisten dudas sobre su proporcionalidad, lo que ha llevado al Ministerio de Justicia a plantear un estudio comparado de las faltas y sus castigos en distintos órdenes jurídicos [A8]. Para observadores en Ciudad de México, el eco de la indignación francesa refleja una constante: cuando la protección de los menores falla de modo tan flagrante, la arquitectura institucional entera se tambalea. La prueba será si la revisión masiva y las reformas anunciadas logran restañar una confianza que, a día de hoy, parece profundamente herida.