Violencia política y policial sacude Bangladesh, India y Argentina en un mismo día

La ciudad bangladesí de Khulna se convirtió este viernes en el epicentro de una paradoja sangrienta: mientras una vasta operación conjunta de las fuerzas de seguridad sumaba 465 detenidos en nueve días, un dirigente local del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) era asesinado a tiros en pleno mercado de Labanchora. Rafiqul Islam, de 35 años y miembro del comité ejecutivo del BNP en Batiaghata, recibió los disparos alrededor del mediodía, en un ataque que las autoridades aún no han vinculado a la ofensiva oficial, pero que revela los límites de cualquier despliegue masivo frente a una violencia profundamente arraigada.

La redada, ejecutada por la policía metropolitana y la división de inteligencia, persigue a bandas dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y el crimen organizado. En las últimas horas fueron arrestadas otras 23 personas, entre ellas un colaborador del temido delincuente “Kauwa Miraj” y el hermano de “Granada Babu”, un terrorista convicto que cumple cadena perpetua. Los operativos se concentraron en los barrios de Khalishpur, Sonadanga y Daulatpur, pero la muerte de Rafiqul Islam —conocido como “Dhakaiya Rafiq” y con vínculos fotográficos con parlamentarios del BNP— introduce un elemento político que trasciende la narrativa oficial de lucha contra el hampa.

A miles de kilómetros, en el estado indio de Punjab, la violencia política también cobró una víctima. Satwinderpal Singh, dirigente del partido gobernante Aam Aadmi (AAP) y responsable de un distrito en el acantonamiento de Jalandhar, fue abatido por dos atacantes en moto a las puertas de un templo sij. La oposición aprovechó el crimen para arremeter contra el gobierno estatal por el deterioro de la ley y el orden, en un eco de las críticas que suelen surgir en Bangladesh cuando los operativos de seguridad no logran contener los asesinatos selectivos. Observadores en Nueva Delhi advierten que estos episodios, lejos de ser aislados, reflejan una creciente vulnerabilidad de los actores políticos locales en entornos donde el Estado compite con redes criminales por el control territorial.

En Argentina, la ciudad de Rosario ofreció un doble cariz de la crisis de seguridad. Nueve policías fueron detenidos bajo la acusación de haber prendido fuego a un hombre durante un procedimiento irregular en 2024; la víctima sobrevivió y su testimonio contradijo el acta oficial, que atribuía las quemaduras a un forcejeo con una mochila incendiada. Casi en simultáneo, un agente de la Policía Federal murió y otro resultó gravemente herido en un tiroteo con delincuentes en el barrio Villa Banana, mientras realizaban tareas de inteligencia en el marco del Plan Bandera contra el narcotráfico. Analistas en Buenos Aires subrayan que ambos hechos condensan una realidad dual: fuerzas de seguridad que pueden ser a la vez victimarias y víctimas, en un contexto de militarización de la lucha antidroga que no ha logrado pacificar la ciudad.

Desde una óptica comparada, la coincidencia temporal de estos estallidos de violencia en tres democracias del Sur Global pone de relieve un desafío común. Expertos en Dhaka señalan que las macrooperaciones policiales, aunque produzcan centenares de arrestos, rara vez desarticulan las estructuras que permiten el asesinato de un dirigente opositor a plena luz del día. En América Latina, la experiencia rosarina recuerda que la impunidad policial y la exposición letal de los agentes son dos caras de una misma moneda. Las investigaciones en curso en Khulna, Jalandhar y Rosario determinarán responsabilidades, pero la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad ya sufre un nuevo desgaste, justo cuando los Estados necesitan legitimidad para enfrentar economías criminales cada vez más sofisticadas.