La justicia francesa, en la picota por la muerte de Lyhanna: marchas, dimisiones y reformas urgentes

La emoción y la furia se apoderaron este domingo de la pequeña localidad de Fleurance, en el sur de Francia, donde más de 6.000 personas participaron en una marcha blanca en memoria de Lyhanna, la niña de 11 años hallada muerta la semana pasada en una granja abandonada. Sus padres encabezaron un cortejo denso y silencioso, portando una pancarta con el rostro de su hija y la consigna «Nunca más». «Nuestro pequeño mundo entero se ha derrumbado», declaró la familia, mientras vecinos y allegados clamaban «Justicia para Lyhanna» y se preguntaban por qué no se intervino meses atrás, cuando el principal sospechoso —un hombre con denuncias previas por violación de menores— seguía en libertad sin control judicial efectivo.

La tragedia ha desencadenado una tormenta política sobre el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. Tras disculparse en nombre de la institución y admitir que «el sistema judicial no supo proteger» a la menor, el titular de la cartera ordenó este lunes que todos los fiscales generales revisen, antes del 14 de julio, la totalidad de las denuncias que involucran a niños, un universo de aproximadamente 70.000 expedientes. «No me iré de vacaciones ni habrá un alto magistrado que lo haga hasta que reciba el balance uno a uno», advirtió en una entrevista televisiva. Sin embargo, la oposición de izquierda considera insuficientes estas medidas de urgencia. La diputada Mathilde Panot, líder de La Francia Insumisa, exigió la dimisión de Darmanin y denunció una «clochardización de la justicia» —un deterioro progresivo— fruto de recortes presupuestarios que, según sus palabras, vienen produciéndose «año tras año».

Desde una perspectiva más estructural, el antiguo primer ministro Dominique de Villepin propuso crear un parquet especializado en violencias contra mujeres y menores, y reforzar la formación de los agentes judiciales. La idea de unidades específicas no es nueva en el entorno europeo, pero ecos de demandas similares resuenan en América Latina: en países como Argentina, el movimiento Ni Una Menos logró impulsar fiscalías especializadas en violencia de género tras casos emblemáticos de impunidad. Analistas en Madrid recuerdan que, en España, la ley de 2015 que creó juzgados específicos contra la violencia sobre la mujer surgió también del shock social provocado por asesinatos de gran repercusión mediática. La comparación subraya cómo las sociedades reaccionan ante fallos sistémicos que se perciben como evitables.

Con todo, el debate francés se centra ahora en la atribución de responsabilidades. El editorialista Yves Thréard habla de «la insoportable impunidad de los magistrados» y sostiene que las disculpas del Ejecutivo no pueden ocultar «faltas graves, muy graves» que costaron una vida. En la misma línea, Guillaume Tabard advierte que deplorar las fallas del «sistema» equivale a alegar fatalidad y eximir de responsabilidad personal: «lo que es culpa de todos no es culpa de nadie». La revisión de los 70.000 legajos será la primera prueba de fuego para un sistema que, tras esta muerte, se enfrenta a una exigencia social de rendición de cuentas sin precedentes. Más allá de las promesas ministeriales, la ciudadanía espera sanciones concretas y reformas que impidan que otro caso duerma en el cajón de un juzgado.