Iraq avanza en el desarme de facciones y la expulsión de grupos disidentes iraníes

En un giro significativo hacia la consolidación de la autoridad estatal, el gobierno iraquí ha iniciado la recolección masiva de armamento de facciones no gubernamentales, comenzando en la ciudad de Samarra. Según fuentes oficiales, se han entregado importantes cantidades de armas pesadas y equipos como parte del plan de monopolio de la fuerza legítima, liderado por el primer ministro Ali al-Zaydi. Este proceso, calificado de complejo por las autoridades, implica no solo la desmovilización de combatientes sino también la integración de efectivos y la regularización de salarios y grados funcionales, en un intento por desmantelar décadas de fragmentación armada.

Paralelamente, Bagdad ha intensificado los preparativos para expulsar del territorio kurdo a grupos disidentes iraníes, en estrecha coordinación con el Gobierno Regional del Kurdistán. Altos mandos militares iraquíes confirmaron que la comisión encargada de la exclusividad de las armas trabaja en un cronograma para el desalojo total de estas facciones, calificadas por Teherán como terroristas. La diplomacia iraní ha reforzado la presión: el vicepresidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Baqeri, solicitó a las autoridades iraquíes medidas urgentes para sellar la frontera y evitar infiltraciones, en línea con el acuerdo de seguridad bilateral.

Desde la óptica de los medios árabes, este doble movimiento revela la determinación del ejecutivo de al-Zaydi por recuperar la soberanía plena, en un contexto de fuertes presiones occidentales y del fin anunciado de la misión de la coalición internacional para septiembre de 2026. El portavoz gubernamental, Haidar al-Abudi, subrayó que Irak es un país independiente que no acepta dictados externos, y que la exclusividad estatal de las armas es el pilar del programa ministerial. Analistas regionales advierten, sin embargo, que el mayor desafío reside en cómo gestionar a las facciones que se resisten al desarme, para lo cual Bagdad baraja una combinación de diálogo y uso gradual de la fuerza, con el fin de evitar una escalada que ponga en riesgo la estabilidad.

Observadores latinoamericanos y europeos coinciden en que el éxito de esta empresa será un termómetro de la capacidad de Irak para superar la herencia de milicias paralelas y consolidar sus instituciones. La respuesta de los grupos armados y la efectividad de la reinserción de sus miembros serán determinantes para la credibilidad del gobierno y para el equilibrio de poder en una región donde las lealtades transnacionales han competido históricamente con el Estado-nación. La apuesta de al-Zaydi, aunque ambiciosa, podría sentar un precedente en un Medio Oriente sacudido por conflictos y disputas de influencia.