Entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo: más control, detenciones y procedimientos acelerados
La reforma, la mayor desde 2015, impone cribado obligatorio, listas de países seguros y solidaridad vinculante, mientras crece la crítica por el recurso a la detención.
El 12 de junio de 2026 entró en vigor el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un conjunto de nueve reglamentos y una directiva que reforma por completo la gestión de fronteras y solicitudes de protección internacional en la Unión. Acordado en 2023 bajo presidencia española, el pacto es la respuesta a la crisis de refugiados de 2015 y al colapso del sistema de Dublín, que sobrecargaba a los países de primera entrada. Desde Bruselas se defiende que armoniza procedimientos, refuerza la cooperación y distribuye la responsabilidad de forma más equitativa entre los Veintisiete.
El eje central es un cribado obligatorio en frontera: identificación, registro, toma de huellas dactilares y controles de seguridad y salud para todo recién llegado, que podrá ser alojado en centros de recepción o retorno. Las solicitudes de nacionales de países considerados seguros se tramitarán por vía acelerada, con menos garantías y un recurso ampliado a la detención, incluso de menores, lo que ha llevado a la eurodiputada Cecilia Strada a hablar de una “temporada inquietante” que evoca el modelo ICE estadounidense. Se introduce además un mecanismo de solidaridad vinculante: los Estados que no acojan a solicitantes deberán contribuir con fondos o medios operativos.
La entrada en vigor coincide con una caída del 40% en las entradas irregulares detectadas por Frontex entre enero y mayo, tendencia que la agencia vincula a la cooperación con países de origen y tránsito. Con todo, analistas alemanes advierten que el pacto no es una panacea: los controles nacionales no bastan y el nuevo sistema no detendrá por completo la migración irregular. Desde Estocolmo se señala que Suecia aún no ha adaptado toda su legislación, lo que genera “dificultades jurídicas”, mientras Suiza, sin ser miembro de la UE, deberá alinearse por su pertenencia a Schengen.
En Italia, el gobierno de Meloni celebra el pacto como un éxito de su línea dura; el ministro Tajani lo atribuye al impulso de Roma. Sin embargo, el pacto no avala el “modelo Albania” de externalización, como subrayan fuentes comunitarias. La Comisión Europea prepara además el voto final del reglamento de retornos el 17 de junio, que permitiría internar a migrantes hasta 24 meses y habilitaría centros de retorno en terceros países. Para los ciudadanos rusos, el pacto supone que sus peticiones de asilo se examinarán por la vía rápida y, si son rechazadas, podrán ser enviados a un “tercer país seguro”, en un contexto de creciente fricción diplomática.
La reforma consuma un giro securitario que, según organizaciones de derechos humanos, prioriza el control sobre la protección y puede generar más irregularidad al dificultar el acceso al asilo, como ilustra el caso de trabajadores nepaleses en Trieste. La frontera deja de ser un lugar físico para convertirse en una condición que persigue al migrante incluso después de haber ingresado.
Cómo se cuenta la misma historia en otros lugares.
El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo supone un retroceso de derechos: procedimientos acelerados, detención generalizada, incluso de menores, y un modelo que mira a las lógicas securitarias del ICE estadounidense. Europa se convierte en una prisión para quienes buscan protección, con un sistema que prioriza las devoluciones y la disuasión.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo, fruto de años de negociaciones, entra en vigor con el objetivo de armonizar los procedimientos entre los 27 Estados miembros y superar las deficiencias del sistema anterior. Las nuevas normas buscan reforzar la gestión de fronteras y acelerar el trámite de solicitudes, en un contexto de opinión pública cada vez más restrictiva.
Mientras la UE pone en marcha su nuevo pacto migratorio, Rusia responde con medidas restrictivas para los diplomáticos europeos, introduciendo un requisito de notificación para cruzar la frontera. Los datos de Frontex muestran una caída de las llegadas irregulares por mar, pero Moscú subraya su soberanía al tomar represalias contra las sanciones y gestionar los flujos.
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