El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol suma 30 años de cárcel por enviar drones a Corea del Norte

El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue condenado este viernes a 30 años de prisión por ordenar el envío de drones militares sobre Pyongyang en octubre de 2024, una operación que, según el tribunal, tuvo como único fin provocar a Corea del Norte y fabricar una crisis de seguridad nacional que sirviera de pretexto para la declaración de la ley marcial dos meses después. La sentencia, dictada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, se suma a la cadena perpetua que Yoon ya cumple por insurrección tras aquel intento fallido de suspender el gobierno civil, y refleja la gravedad con que la justicia surcoreana está abordando uno de los episodios más oscuros de su historia democrática reciente.

La corte consideró probado que Yoon, junto con su entonces ministro de Defensa, Kim Yong Hyun —también condenado a 30 años—, autorizó personalmente la incursión de aeronaves no tripuladas que sobrevolaron la capital norcoreana lanzando panfletos propagandísticos. El objetivo, según la fiscalía especial, era incitar a Pyongyang a una respuesta armada o a provocaciones graves que permitieran justificar la imposición del estado de excepción. En su fallo, los jueces afirmaron que el exmandatario «abusó de las capacidades militares del país para fines políticos personales» y que la operación perjudicó los intereses de seguridad de Corea del Sur al exponer sus capacidades y minar su posición negociadora. La dureza del castigo —superior en el caso de Kim a los 25 años solicitados por la acusación— evidencia la voluntad judicial de marcar un límite frente al uso de la fuerza estatal para alterar el orden constitucional.

El contexto de esta condena es una secuencia de decisiones que conmocionaron a la sociedad surcoreana. El 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró la ley marcial alegando la necesidad de «erradicar fuerzas antiestatales pro-norcoreanas», pero el Parlamento anuló la medida en apenas seis horas y el presidente fue destituido y arrestado. La investigación posterior reveló que la operación con drones había sido diseñada deliberadamente para escalar las tensiones intercoreanas y crear un clima de emergencia. Desde la óptica de analistas europeos, el caso ilustra un inquietante patrón de líderes que instrumentalizan conflictos externos para consolidar poder interno, mientras que en América Latina, editoriales de Argentina y otros países han trazado paralelismos con episodios de deriva autoritaria en la región. En Asia, medios chinos y del sudeste asiático subrayan el riesgo de que estas acciones reaviven un conflicto que técnicamente sigue abierto desde los años cincuenta.

La defensa de Yoon argumentó que los vuelos de drones fueron una respuesta legítima a los globos con basura que Corea del Norte había enviado masivamente al Sur, pero el tribunal rechazó esa justificación por considerarla desproporcionada y encubridora de una intención premeditada. Junto a los principales acusados, otros altos mandos militares recibieron penas significativas: el exjefe de contrainteligencia, Yeo In-hyung, fue sentenciado a 15 años, y el excomandante de drones, Kim Yong-dae, a tres años con libertad condicional. La corte describió la trama como una «traición a la confianza del pueblo» y subrayó que los acusados antepusieron sus intereses políticos a la seguridad nacional.

Con esta nueva condena, Yoon, de 65 años, enfrenta un horizonte penitenciario que prácticamente le impide cualquier posibilidad de libertad. Aún tiene abiertos otros procesos judiciales —hasta ocho, según la prensa sueca—, lo que convierte su caso en un hito sin precedentes en la democracia surcoreana. La acumulación de sentencias refleja no solo la gravedad de los hechos, sino también la determinación del sistema judicial de enviar un mensaje inequívoco: la instrumentalización de la tensión con el Norte para fines políticos internos no quedará impune. Mientras Corea del Sur intenta cerrar este capítulo, la península coreana observa con la incertidumbre de quien sabe que la provocación, una vez desatada, puede tener consecuencias difíciles de controlar.