Cuba al borde del colapso mientras el lobby empresarial suaviza la política migratoria de EE.UU.

El retiro masivo de empresas extranjeras de Cuba, combinado con un inusual giro en la política migratoria estadounidense, dibuja un panorama de creciente tensión entre la administración de Donald Trump y el sector privado, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Mientras que en la isla caribeña la presión de Washington acelera una crisis humanitaria, en el Capitolio el lobby corporativo consiguió esta misma semana una inesperada concesión: la Casa Blanca garantizó que la mayoría de los solicitantes de residencia permanente no tendrán que abandonar el país durante el trámite.

En Cuba, la decisión de Mastercard y Visa de cesar operaciones el pasado sábado, como adelantó la prensa financiera internacional, marcó un punto de inflexión. A ellas se suman las cadenas hoteleras españolas Iberostar y Meliá, que han dejado de gestionar al menos una decena de establecimientos, y la incertidumbre sobre la presencia de la minera canadiense Sherritt International. La escasez de combustible, que se arrastra desde enero, agrava la situación de los 9,6 millones de cubanos. Desde Ottawa, analistas como François Audet, de la Universidad de Quebec, califican la crisis de 'provocada por el hombre' y ven una 'voluntad racional del gobierno estadounidense de hacer sufrir a la población cubana'.

Del otro lado del estrecho de Florida, el empresariado estadounidense libraba su propia batalla. Reportes procedentes de Washington detallan cómo una silenciosa pero firme campaña de presión corporativa logró que la administración Trump matizara su anuncio inicial sobre las green cards. Según fuentes cercanas, la Casa Blanca aseguró a los sectores afectados que los titulares de visados de trabajo no estarían obligados a salir del país para obtener la residencia, revirtiendo de facto el requisito que había generado alarma en sectores tecnológicos y manufactureros.

Ambos episodios, aunque geográficamente distantes, reflejan la misma dinámica de una política exterior y migratoria que utiliza la presión económica como herramienta de negociación, pero que se topa con los intereses de un sector privado cada vez más globalizado. Mientras la isla caribeña se asoma al abismo humanitario, la incógnita es si otras empresas seguirán el camino de Sherritt o si la comunidad internacional, especialmente aliados europeos y canadienses, articulará una respuesta coordinada. Por lo pronto, la fragmentación de las decisiones en Washington —dura con el vecino, flexible con el votante corporativo— siembra incertidumbre en los mercados y en las vidas de millones de personas.