Bruselas endurecerá los visados a rusos en 2027 ante la presión de once países

La Comisión Europea anunció que presentará nuevas medidas restrictivas para la concesión de visados Schengen a ciudadanos rusos, previstas para entrar en vigor en 2027. La decisión responde a una carta firmada por once Estados miembros —entre ellos República Checa, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Suecia— que denuncian la falta de cohesión dentro del bloque y señalan a Francia, Italia y España por continuar emitiendo visados turísticos a rusos pese a la guerra en Ucrania. “Propondremos aplicar medidas selectivas y restrictivas para hacer frente a los riesgos de seguridad derivados de las acciones hostiles de terceros países”, afirmó Markus Lammert, portavoz de Migración de la Comisión.

La iniciativa, que se enmarca en una próxima revisión del Código de Visados, no tendrá un alcance homogéneo. Fuentes comunitarias reconocen que la emisión de visados sigue siendo competencia nacional, lo que limita la capacidad de Bruselas para imponer un criterio único. El descontento de los países del este y del norte choca con la postura más laxa de las economías del sur, que dependen del turismo. Desde la óptica de Madrid, la reticencia a cortar el flujo de visitantes rusos responde a intereses económicos difíciles de ignorar en un contexto de dependencia del sector servicios.

En paralelo, Moscú acelera las negociaciones para suprimir visados con varios países de Asia y Oriente Medio. El viceprimer ministro ruso Dmitri Chernyshenko confirmó en el Foro Económico de San Petersburgo que se dialoga con Malasia, Indonesia, Bahréin y Kuwait, y que se estudian mecanismos para grupos turísticos de India y Vietnam. Esta ofensiva diplomática busca compensar el cierre progresivo de Europa y reorientar los flujos migratorios y turísticos hacia nuevos ejes geopolíticos, un movimiento que analistas latinoamericanos interpretan como un reflejo de la creciente fragmentación del orden multilateral.

La fecha de 2027 sugiere un proceso legislativo complejo que exigirá sortear las soberanías nacionales y las presiones del sector turístico. Mientras tanto, el debate sobre la eficacia de las sanciones migratorias seguirá abierto. Para países como España, que en 2023 emitió más de 150.000 visados a rusos, la puesta en marcha de restricciones podría tener un impacto significativo en las economías locales, especialmente en regiones como Cataluña o la Costa del Sol. La Comisión confía en que la medida refuerce la presión sobre el Kremlin, pero el precedente de otras sanciones invita a la cautela sobre sus efectos reales.