Bolivia: Paz declara estado de excepción y despliega al Ejército tras derogar los límites a las Fuerzas Armadas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción y ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional el miércoles, horas después de que el Congreso derogara la Ley 1341 que limitaba su capacidad para recurrir a los militares en conflictos internos. La decisión, adoptada en medio de la cuarta semana de bloqueos y protestas que han cercado a La Paz y El Alto, marca un giro contundente en la estrategia gubernamental frente a una crisis que combina desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas con una creciente presión política para que el mandatario abandone el cargo apenas seis meses después de asumirlo.

Los bloqueos, iniciados por sindicatos mineros, organizaciones campesinas y sectores afines al expresidente Evo Morales, comenzaron como un rechazo a las reformas económicas liberales del Gobierno, entre ellas la reducción de subsidios a los combustibles y una reforma agraria que, según los manifestantes, facilitaría la compra masiva de tierras de pequeños agricultores por parte de grandes empresas. Con el paso de los días, la protesta sumó demandas salariales y mutó en un clamor por la dimisión del presidente. Desde la óptica de la prensa escandinava, el detonante original se vincula justamente a ese temor por la pérdida de la propiedad rural, mientras que analistas del Cono Sur destacan cómo las movilizaciones han puesto al descubierto la fragilidad de los gobiernos conservadores que heredan crisis estructurales de administraciones izquierdistas y pierden rápidamente el apoyo popular, un fenómeno que también afecta a otros mandatarios sudamericanos.

La derogación de la Ley 1341, vigente desde octubre de 2020 y concebida como un ‘candado’ para evitar un uso excesivo del estado de excepción, fue aprobada primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados en una sesión virtual, con argumentos que oscilaron entre la necesidad de restaurar el orden y el temor a una deriva autoritaria. El presidente Paz la promulgó de inmediato y, en un gesto que fuentes legislativas interpretaron como un ‘balón de oxígeno’, advirtió que aplicará ‘mano dura’ si el diálogo no avanza. Sin embargo, organismos de derechos humanos y la Iglesia católica han reclamado contención y un canal de negociación política urgente, en un país donde algunos manifestantes ya recurrieron a lanzar dinamita en las calles y donde el Gobierno reconoció la muerte de una persona durante un operativo militar-policial el fin de semana.

El escenario abre interrogantes sobre el futuro inmediato. La oposición se partió entre quienes respaldaron la nueva norma y quienes alertaron sobre una militarización que podría ahondar el conflicto. Desde la prensa europea se observa con preocupación la facilidad con que un presidente que confesó no haber logrado unificar el país recurre ahora a las Fuerzas Armadas. Con las carreteras bloqueadas y la paciencia social agotada, Rodrigo Paz dispone de un poder excepcional, pero el costo político de su uso definirá si logra sofocar la crisis o si, como advierten analistas en Madrid y Buenos Aires, acelera la espiral de ingobernabilidad que ya devora a la Bolivia post-Evo.