Adoctrinamiento infantil con un investigado por terrorismo en Italia y abusos de poder en México

La polémica estalló en Módena, Italia, cuando se difundió que niños de cinco escuelas primarias y un jardín de infantes participaron en un encuentro organizado por el Movimiento de Cooperación Educativa, donde entonaron consignas como “Palestina libre” y estuvieron expuestos a un activista investigado por terrorismo. El evento, que contó con la presencia del alcalde Massimo Mezzetti, del Partido Democrático, incluyó como invitados a Wael Dahdouh, referente de Al Jazeera en Gaza, y a Sulaiman Hijazi, señalado por la Fiscalía de Génova como presunto brazo derecho del líder de Hamas en Italia, Mohammad Hannoun, encarcelado desde diciembre. La reacción no se hizo esperar: el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, anunció el envío de inspectores, mientras el centroderecha exigió la suspensión de los responsables, argumentando que la escuela no es un espacio de adoctrinamiento ideológico, más aún cuando está implicado un investigado por vínculos terroristas.

Desde la óptica italiana, el episodio se inserta en un clima de alta tensión luego del atentado del 16 de mayo en el corazón de Módena, que dejó a la ciudad en estado de alerta. Senadores como Michele Barcaiuolo, de Hermanos de Italia, consideraron “incomprensible” que las instituciones no extremaran la prudencia en iniciativas dirigidas a menores de siete u ocho años. Diversos editoriales reflejaron el malestar social: se cuestionó la pertinencia de llevar temas geopolíticos complejos a las aulas de primaria, recordando que la pedagogía debe centrarse en los fundamentos del aprendizaje y no en la politización de la infancia. Incluso voces moderadas admitieron que, aun creyendo en la buena fe de los organizadores, la situación rozó lo grotesco.

Al otro lado del Atlántico, dos sucesos en México pusieron en evidencia formas distintas de abuso institucional. En Metepec, Estado de México, el alcalde Fernando Flores Hernández irrumpió en un club deportivo con escoltas armados, forcejeó con una mujer y agredió a otra persona, mientras uno de sus acompañantes portaba un rifle. El Partido Acción Nacional condenó los hechos y reclamó una investigación apegada a la ley. Paralelamente, en Cuautitlán, familiares de reclusos bloquearon una avenida para denunciar presuntos golpes de custodios y cobros ilegales para permitir visitas, exigiendo la destitución del director del penal. Ambas situaciones reflejan, según analistas mexicanos, una preocupante naturalización de la violencia y la arbitrariedad por parte de autoridades que deberían ejemplificar el respeto al estado de derecho.

Miradas en conjunto, estas historias evidencian una fragilidad institucional que trasciende fronteras: ya sea en la instrumentalización de niños para mensajes políticos en Europa o en el uso de la fuerza pública para resolver disputas personales en América Latina, el denominador común es la pérdida de controles democráticos. Hacia adelante, la presión de la sociedad civil y de sectores políticos responsables será clave para que estos episodios no se normalicen, y para que las escuelas y las calles recuperen su carácter de espacios protegidos, alejados de cualquier forma de intimidación o adoctrinamiento.